CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE ARQUITECTOS E INGENIEROS

•  La Cuestión Jurídico-Práctica

 

A lo largo de nuestra vida, todos hemos consultado o contratado a algún arquitecto o ingeniero, y si aún no lo hemos hecho, es posible que estemos a punto de hacerlo. Ejerciendo la abogacía o la magistratura, también es altamente probable que algunos de estos profesionales, se hayan acercado a nosotros para requerir nuestro consejo jurídico u obtener una sentencia que ampare sus derechos.

Al presentarse este tipo de cuestiones y más allá del lenguaje técnico específico, que estos profesionales utilizan, se advierten ciertas«modalidades» , jurídicas tanto en su contratación, como en su retribución, que generalmente dejan perplejo al consultor más experimentado.

Reglas locales que se enfrentan con leyes nacionales, modelos de contrataciones «obligatorias», aranceles ordenados por decretos, por decretos-leyes, por resoluciones y por leyes, «visados» imprescindibles para certificar una contratación, fórmulas especiales para los «desligues»,son sólo una ínfima recopilación de las modalidades de ejercicio profesional que fueron creadas con el tiempo en nuestro medio.

Durante el mes de enero de 1995 dos leyes de carácter nacional -me refiero a las 24.432 y 24.441-, irrumpieron abruptamente en este medio, produciendo a mi entender una confusión muy superior a la ya existente, que intentaré aclarar en la medida de mis posibilidades.

 

 

•  Creación de los Consejos Profesionales

 

Durante el año 1944, se crean por decreto-ley 17.946, ratificando por ley 13.895, los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería.

Las normas de referencia fueron las primeras que reglamentaron el ejercicio de la agrimensura, arquitectura e ingeniería en la Capital de la República y Territorios Nacionales (art. 1), creando la matrícula profesional (art. 16) y los Consejos Profesionales (art. 13).

Años más tarde, el decreto-ley 6070 del 25 de Abril de 1958, derogó por artículo 44 el decreto-ley 17.946/44, y sigue siendo en la actualidad la norma que reglamenta el ejercicio de la agrimensura, la agronomía, la arquitectura y la ingeniería, en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales (art. 1).

Esta norma organiza la matrícula profesional (Capítulo II) y las funciones de los Consejos Profesionales (Capítulo III), disponiendo asimismo la creación y las funciones de la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería (art. 20, Capítulo IV).

Corresponde destacar, que mediante un decreto-ley del año 1944 -me refiero al que lleva el número 29.784- también se había creado en forma autónoma, el Consejo Profesional de la Ingeniería Agronómica , surgiendo durante 1959 otros Consejos de la Ingeniería agrupados por especialidades. Tales son los casos del Consejo de Ingeniería Naval, creado mediante el decreto-ley 7465/59, el de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, creado por el decreto-ley 1794/59, el de Ingeniería Aeronáutica, creado por decreto-ley 5286/59 y el de Ingeniería Química, creado por decreto-ley 3656/59.

Mucho más recientemente, se estableció la obligatoriedad de matriculación en jurisdicción de cada Consejo Profesional de los técnicos egresados de establecimientos secundarios o terciarios no universitarios que se correspondieran con las especialidades que agrupan a dichos Consejos. Me refiero al decreto 2148/84 del 13 de julio de 1984.

•  Ejercicio Profesional

El ejercicio profesional de la Arquitectura y la Ingeniería , se encuentra reglamentado por normas y disposiciones de carácter local.

Se trata de una atribución legislativa no delegada por las provincias a la Nación y que, por lo tanto, de acuerdo a la disposición contenida en el artículo 121 de la Constitución Nacional , permanece en sus órbitas.

En las provincias, es el poder habilitado por la respectiva Constitución Provincial, el que fija las normas sobre ejercicio profesional. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Poder Legislativo, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Bonaerense.

La disposición normativa nacional, considera ejercicio profesional, con todas las responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada por las universidades nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de sus diplomados u otros asimilados de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1 y 13 del decreto-ley 6070/58.

Son ejemplos normativos de ejercicio profesional, el ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obras. La realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, certificaciones, la evaluación de consultas y laudos; la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos. El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos e incluso los nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte.

Naturalmente, el ejercicio profesional debe llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios (art. 3 decreto – ley 6070/58).

•  Matriculación

El requisito básico e imprescindible para ejercer las actividades profesionales que ejemplifica la ley es estar inscripto en la matrícula correspondiente (art. 11 decreto-ley 6070/58). Es esa matrícula, la que habilita para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la Universidad a ese título, a la época de su otorgamiento, según lo dispone, el artículo 12 del decreto-ley antes citado.

Son precisamente los Consejos Profesionales, los encargados por disposición legal de organizar y llevar las respectivas matrículas, comunicando a las autoridades públicas pertinentes, las nóminas de personas que se hallen en condiciones de ejercer (art.16 inc. 3 decreto-ley 6070/58).

También son los Consejos Profesionales, los custodios de las normas de ética profesional, que se encuentran normativizadas para el ejercicio de estas profesiones por el decreto 1099/84.

Naturalmente existen en este Código de Ética, normas que resultan de muy difícil comprensión para quien se encuentra alejado de estas profesiones, como por ejemplo, aquella que prescribe la imposibilidad de asumir en una misma obra, las funciones de director, al mismo tiempo que las de contratista total o parcial (art. 2.3.1.3 decreto 1099/84).

Demás está decir, que las faltas de ética, no sólo incumben al plano moral del individuo, sino que son normas jurídicas completas, equiparadas por el Poder Ejecutivo Nacional a las faltas disciplinarias consagradas en la normativa sobre ejercicio profesional (decreto-ley 6070/58), con el mismo tipo de sanciones (art. 2.8.3. decreto 1099/84).

•  Retribución arancelaria

 

V.1. Arancel Nacional:

En el año 1955, se promulga el decreto-ley 7887/55, norma arancelaria que fija los honorarios mínimos que deben cobrar los profesionales inscriptos en los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería.

Trátese de una norma, que a lo largo de sus 98 artículos, define, clasifica y ordena las diversas actividades profesionales que realizan arquitectos, agrimensores e ingenieros, de todas las especialidades, con la única excepción de los ingenieros agrónomos, regidos arancelariamente en la jurisdicción nacional, por el decreto 3771/57 y su modificación realizadas por decreto 5313/57.

Disposiciones generales, normas sobre Planeamiento Urbano y Regional, Levantamientos topográficos e hidrográficos, mensuras, mediciones, Proyecto y Dirección de Obras de Arquitectura e Ingeniería, Inspecciones y ensayos de instalaciones electromecánicas, especialidades aeronáuticas, tasaciones, informes periciales, arbitrajes y asistencias técnicas, son el contenido de este decreto-ley 7887/55, que en 1957 es completado por un párrafo agregado a su artículo 1, que dispone la «declaración de orden público de las disposiciones arancelarias y la nulidad de todo pacto o convenio que las contravenga». (Decreto-ley 16.146 del 9 de Diciembre de 1957).

V.2. Aranceles Provinciales:

A partir de 1955, cada una de las provincias argentinas, dicta su propia norma arancelaria. En un verdadero acto de inflación legislativa, y salvo honrosas excepciones, las provincias copian y a veces «mal copian» , la norma nacional, sin tener en cuenta las diversas realidades de cada jurisdicción o aún, sus diversas necesidades. Solo la Provincia de Buenos Aires, establece un sistema arancelario un poco diferenciado del nacional, que es aprobado por decreto provincial 6964 del año 1965.

No estará demás agregar que todos los sistemas arancelarios, habían tenido su origen en normas europeas -especialmente italianas e inglesas-, por lo que resulta sumamente curioso observar cómo cualquier disposición arancelaria nacional o provincial, tiene su antecedente en el «Testo Único Della Tarifa Professionale de 1949» , o aún en antecedentes más lejanos en el tiempo y en el espacio.

V.3. Actualización Arancelaria:

 

Víctima de la inflación desatada en el país, la norma arancelaria nacional, queda desactualizada en sus montos dinerarios.

Por ese motivo, durante 1975, se dicta la ley 21.165, que permite actualizar periódicamente el decreto-ley 7887/55 conforme al número índice del nivel de precios al consumidor evaluado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (art. 1), siendo precisamente la Junta Central de los Consejos de Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería la encargada de efectuar el cálculo correspondiente y darlo a publicidad (arts. 2 y 4 de la ley citada).

Llegan años de aparente tranquilidad -al menos para el contenido dogmático de estas leyes- y todo sigue por su habitual camino.

Este camino se trunca -esperemos que para siempre- el 27 de marzo de 1991, fecha en que se sanciona y promulga la ley 23.928 de convertibilidad del «austral» , que deroga con efecto a partir del 1 del mes de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variaciones de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas, de bienes, obras o servicios.

Queda derogada entonces esta ley 21.165 y obviamente la función que la Junta Central de Consejos Profesionales, ejercía al respecto por expreso mandato legal.

V.4. Desregulación:

1991 es al parecer un año negro para los defensores a ultranza de la normativa arancelaria.

Luego de un extenso mensaje presidencial, el Boletín Oficial publica con fecha 1 de noviembre de ese año un decreto, llamado de «necesidad y urgencia» , en cuyos considerandos se dice «que las leyes, decretos y resoluciones que actualmente fijan o aprueban aranceles para diversas actividades les asignan carácter de orden público… y que… la caracterización de una regla ética como norma jurídica de orden público implica reconocer el fracaso de la ética y solamente puede justificarse si con ello se sirve mejor el interés de toda la comunidad».

Trátese del decreto nacional 2284/91, que pasara a la historia por su poderoso nombre de «Desregulación».

Por su artículo 8, esta norma deja sin efecto las declaraciones de orden público establecidas en materia de aranceles, escalas o tarifas que fijen honorarios, comisiones o cualquier otra forma de retribución de servicios profesionales.

Tras su aparente dureza, este decreto deja algo bien en claro. Se trata de la plena vigencia de las escalas arancelarias.

Esto se deduce claramente del artículo 11, donde se expresa que «ninguna entidad pública o privada podrá impedir, trabar, ni obstaculizar directa o indirectamente la libre contratación de honorarios, comisiones o toda otra forma de retribución… cuando las partes deseen apartarse de las escalas vigentes».

V.5. Desregulación provincial:

Nadie sabe a ciencia cierta, cuál es el alcance del decreto nacional de desregulación.

El Gobierno Nacional, pretende su aplicación en todo el país. Las provincias niegan este derecho que según señalan avasalla su soberanía. Algunas de ellas optan por adherirse a su contenido y otras, impulsadas por la vigencia y popularidad de la norma dictan leyes provinciales con contenidos similares.

Hay casos especiales. Por ejemplo el de la Provincia de Buenos Aires, que 13 días después de sancionado el decreto nacional, dicta un decreto provincial número 3942, por el que luego de «adherir a los principios del régimen de desregulación estatuido por Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, dispone trasladar en el marco de la competencia provincial, dicho régimen adecuado a las particularidades de las instituciones provinciales y con arreglo a derecho» (art. 1).

La Provincia de Buenos Aires, decide constituir por este mismo decreto, una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo y a la cual se invita a ambas Cámaras de la Honorable Legislatura , con el objeto de elaborar los proyectos de reforma a la legislación provincial, en el más breve plazo posible… (art. 2 decreto provincial 3942).

El decreto no aclaraba que entendía por «breve plazo» , pero lo cierto es que 3 años y algunos meses más tarde, aun no había sido tiempo suficiente para adecuar la normativa provincial a la nacional, al menos en materia de aranceles profesionales de arquitectos, agrimensores e ingenieros, y es por ello, que durante este tiempo se solían escuchar voces que afirmaban que«en la Capital Federal todo había sido desregulado, mientras que en la provincia de Buenos Aires, todo seguía como siempre» – es decir, sus aranceles continuaban siendo de orden público con mínimos irrenunciables-.

V.6. Pacto Federal:

 

El desorden continúa y ahora, a falta de una ley de carácter nacional, se intenta remediar la cuestión arancelaria, mediante un tratado. Me refiero al suscripto con fecha 12 de agosto de 1993, llamado «Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento».

Mediante el mismo, los señores Gobernadores, «han acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de reactivación de las economías regionales…».

Entre los actos de gobierno prometidos, se decide la «eliminación de todas las restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias» y«se deroga el carácter de orden público de los aranceles correspondientes a honorarios profesionales de todos los sectores»(art. 10 del Pacto). La Provincia de Buenos Aires, ratifica este pacto mediante ley provincial 11.463.

V.7. Ley 24.432:

 

En los primeros días del mes de enero de 1995, aún subsisten las interpretaciones divergentes y las opiniones encontradas sobre el tema arancelario.

Tal vez por ello, es que una vez más se decide legislar sobre el tema, pero ahora desde el Congreso de la Nación que sanciona la ley 24.432, publicada en el Boletín Oficial con fecha 10 de enero de 1995.

Entre otras disposiciones, esa ley de carácter nacional incorpora el viejo artículo 1627 del Código Civil, una disposición que establece que «las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales».

Esto significa que ha terminado para siempre y en todo el territorio nacional, el carácter rígido y de orden público contenido en las escalas arancelarias.

Pero ello no significa que las mismas no sigan plenamente vigentes, cuando las partes nada acordaron al respecto, o cuando pactando lo contrario a lo expresado en los aranceles confundieron libertad con libertinaje.

El Código Civil de la Nación determina en su artículo 21, que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres, y resulta claro que aún derogando el carácter de orden público de los aranceles, no puede derogarse su carácter de «buena costumbre».

Si alguna duda existiera sobre este punto, no hay mejor solución que leer la fuente de Vélez al artículo referenciado, donde sólo se alude a las«buenas costumbres» y no al «orden público» (Quinta Partida, Título II, Ley 28).

La buena costumbre de cobrar honorarios, sumada a la buena costumbre de que los mismos en materia de arquitectura e ingeniería, se justiprecien aplicando un porcentaje sobre el valor en juego ha sido la formula aceptada por la humanidad desde los viejos tiempos (V.gr. Enciclopedia Practice and Charges or Architects – RIBA Londres 1862-) y en nuestro medio, aún mucho tiempo antes de que existieran las escalas normativas, se utilizaban los «aranceles de carácter particular» , recomendados por grandes maestros civilistas como Héctor Lafaille o Raymundo Salvat.

La nueva ley, también señala en su artículo tercero que cuando el precio por los servicios prestados debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador de servicio.

Una vez más se ha resaltado la vigencia de las «normas locales» , con una disposición saludable, que permite al Poder Judicial flexibilizar los contenidos arancelarios, cuando la situación de cada caso así lo aconseje.

Sabiamente, la propia ley limita esta facultad judicial, al establecer que los jueces deberán reducir equitativamente el precio, por debajo del valor que resulte de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujera a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. En realidad, esta «novedad» ya estaba incluida en el artículo 954 del Código Civil.

Y por fin, el propio artículo 14 de la ley 24.432 vuelve a reiterar que «los profesionales o expertos de cualquier actividad podrán pactar con sus clientes la retribución de honorarios, sin sujeción a las normas arancelarias» , lo que de la misma forma que el artículo 11 del decreto desregulatorio 2284/91, indica la plena vigencia de las escalas arancelarias y la opción de apartarse de ellas (arg. «podrán» ), cuando las partes actuando con discernimiento, intención y voluntad así le deseen.

 

 

•  Libertad de Contratación

Podemos preguntar ahora, qué significado tiene la libertad de contratación que nos asegura la nueva norma?

Lo significativo, es que quienes deseen apartarse legítimamente de las escalas y reglas vigentes, podrán hacerlo, plasmando en sus contratos nuevas y diferentes formas de retribución.

Contratos de riesgo, minoración o mayoración de honorarios de acuerdo a cada circunstancia, recalificación de categorías de obras, cambio de las etapas de pago, anulación de pagos suplementarios, cambio de retribución para obras repetidas o adaptadas y lo que la creatividad de profesionales y comitentes pueda lograr, son ahora permitidos.

Las formas de los actos jurídicos, seguirán siendo las del Código Civil de la Nación muchas veces violentado por disposiciones provinciales de carácter inconstitucional, que le dieron «forma» a contratos informales y que exigieron determinado tipo de consentimiento, para contratos regidos por el consentimiento que únicamente pueden normativizar los artículos 1144 y concordantes del Código de Vélez.

Hay aún más. Por si quedara alguna duda sobre el régimen imperante en materia de contratación, el Congreso Nacional -actuando en este caso como legislatura local – ha sancionado la ley 24.441, que en su Título XIII, legisla sobre «desregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de la Capital Federal «.

El artículo 93 de esta ley deroga la intervención del Consejo Profesional respectivo en la extensión del certificado de encomienda de tareas profesionales, que preveía el apartado 4 inciso a) del artículo 2.1.2.2 del Código de Edificación (ordenanza 33.387, oficializada por ordenanza 33.515) y por otras disposiciones se prohíbe a los Colegios Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, exigir a sus matriculados, en forma previa a la realización de actividades en que estos asuman responsabilidad profesional, cualquier clase de certificado de habilitación y registro de encomienda, suprimiéndose el Registro Municipal de Profesionales (arts. 94 y 95 Ley 24.441).

•  Conclusiones

Aún es muy temprano para evaluar el cambio que las nuevas normas generarán en la sociedad. Llega una época con escasez de controles previos y con plena libertad tanto para actuar correctamente como para equivocarse. La llamada «desregulación» , solo ha limpiado las malezas que cubrían las normas de nuestro derecho de fondo que nuestros buenos jueces, seguirán aplicando para custodiar las relaciones contractuales y las conductas profesionales.

Pero demás está decir que la libertad deberá ejercerse con responsabilidad ya que de lo contrario, nuestro viejo y legendario Código Civil, se ocupará de fulminar los acuerdos viciados de error, dolo, fraude, simulación, aprovechamiento indebido, para que nadie se olvide de que hoy, más que nunca, quien manda es la ley… sólo la ley.

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal

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