EL DERECHO Y LA ARQUITECTURA EDUCACIONAL

«El primer acto administrativo de Rosas,

fue quitar a las escuelas de hombres y mujeres de Buenos Aires,

las rentas, con que las halló dotadas por el Estado;

haciendo otro tanto con los profesores de la Universidad , no teniendo pudor de consignar en los mensajes el hecho de que aquellos ciudadanos beneméritos continuaban enseñando por patriotismo y sin remuneración alguna.

Los estragos hechos en la República Argentina

por aquel estúpido malvado, no se subsanarán en medio siglo;

pues no sólo degolló o forzó a expatriarse a hombres de luces que contaba el país,

sino que cerró las puertas de las casas de educación, porque tiene el olfato fino

y sabe que las luces no son el apoyo más seguro de los tiranos «.

Sarmiento

«Recuerdos de provincia»

 

Por una fina gentileza de las autoridades del primer Congreso Internacional de Arquitectura Educacional, fui invitado a dictar una conferencia magistral sobre el tema del epígrafe en el Teatro General San Martín.

 

El tema convocante, sumado a la calidad de los expositores internacionales que se presentaban, me permitió profundizar algunos conceptos básicos del derecho de la arquitectura, que en este caso debían ser utilizados en algo parecido a una subespecialidad donde el Estado Nacional ejerce una férrea conducta reglamentarista.

 

La Argentina , mi país, es a pesar de las apariencias y de una especie de autodesvalorización generalizada, uno de los países más cultos del mundo. En la especialidad que me compete, jamás he encontrado un público tan exigente, desconfiado y cuestionador como el argentino.

 

Creo que este resultado obedece a muchas razones, pero entre las más importantes, figura el programa que los grandes hombres del siglo pasado trazaron para el desarrollo de la educación.

 

Ese programa, aunque desconocido, se inicia con nuestra Constitución Nacional, que establece en su artículo 5to. una garantía federal para el goce y ejercicio de las instituciones provinciales, siempre y cuando las provincias aseguran a través de sus propias constituciones la educación primaria. Se trata de una norma casi única en la legislación universal del siglo pasado, que se completa con la ejecutividad de hombres públicos que se propusieron ponerla en práctica con fe, con fuerza e inteligencia.

 

La lectura del libro de los viajes de Sarmiento, nos hace detener en su escala de Boston, estado de Massachusetts, y en su encuentro con Horace Mann -secretario del «Board» de Educación- aprendiendo y debatiendo arquitectura escolar.

 

Se trata del mismo hombre, que ya de regreso a su patria, y como primer magistrado, dirige en mayo de 1874 un mensaje a la legislatura casi íntegramente centrado en la planificación y construcción de edificios educacionales proponiendo una ley que premie a los gobernadores de provincias que más aumenten el número de niños en las escuelas con el argumento de que «Si los generales tienen la costumbres de recomendar a los jefes y oficiales que más se distinguieron en los combates contra el enemigo, tiempo es ya de que una palabra de encomio alcance a los que en la guerra al atraso y la barbarie, sacrifican hasta el reposo que les niegan las resistencias que vencieron».

 

Una rápida ojeada el Registro Nacional de 1871, también nos depara sorpresas agradables. Fluyen los decretos relacionados con emprendimientos arquitectónicos destinados a la arquitectura educacional como el que autoriza al Departamento de Ingenieros a contratar las obras para refaccionar el Colegio Nacional o el que aprueba el presupuesto para la instalación de la escuela de Agricultura de Salta o aquel otro que manda entregar a la Comisión Nacional de Escuelas 6.000 pesos fuertes para la institución de la Escuela Superior de Niñas de la Rioja o aún la partida destinada a la construcción del Observatorio Astronómico.

 

Trece años más tarde el primer gobierno del presidente Roca sanciona la ley 1420 de Educación Común, fijándose en el artículo 44 una sólida base para la constitución del tesoro común de las escuelas, entre las que siempre me ha llamado la atención, el 20% de la venta de las tierras nacionales y e15% de toda la sucesión entre colaterales, con excepción de hermanos.

Corre ahora el año 1906. Ha fallecido el presidente Quintana y se ha hecho cargo de la primera magistratura Figueroa Alcorta que nos informa en su mensaje anual al Parlamento sobre la terminación de los Colegios Nacionales de Santiago del Estero, La Rioja , La Plata , Mendoza y Paraná, las escuelas normales de La Rioja , Salta, Mercedes, Azul, Chivilcoy y Córdoba. También se siente orgulloso por la inauguración de los edificios de la Escuela Industrial de la Nación y de la Escuela Superior de Comercio «Carlos Pellegrini», adelantando que acaba de expropiar la fracción de terreno comprometida entre las calles Moreno, Aroma, Plaza Belgrano y Lima, para construir el Colegio Nacional cuyos planos se encontraban terminados.

 

Un rápido salto en el tiempo y tal vez un paseo por la ciudad, nos hacen centrar la mirada en los carteles de obra donde aparece la leyenda «Obra Financiada con el Fondo Escolar Permanente» .

 

Corre el año 1965 y el gobierno constitucional del Dr. Illia sanciona la ley 16.727 que crea una cuenta especial en jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia y que debe aplicarse a la atención de las necesidades de los edificios y establecimientos educativos. Esta cuenta es el Fondo Escolar Permanente.

 

El Estado Nacional comienza a entender que para realizar su tarea puede utilizar entes intermedios que le sirven de apoyo en su actividad propia y de fomento y legaliza en el inciso «f» del artículo 2do. de la ley «los convenios o consorcios con cooperadoras o cooperativas escolares».

 

Dos años tienen que pasar para que la esperada ley se componga debidamente con su decreto reglamentario. Lamentablemente el gobierno constitucional ha sido depuesto por un golpe militar que el 4 de agosto de 1967 dicta el decreto 5633/67.

 

Por el artículo 7 de sus normas anexas queda establecido que «Las asociaciones cooperadoras o cooperativas escolares… formularán toda la documentación técnica indispensable de la obra a realizar, como ser planos, proyectos, especificaciones, presupuestos, estimación de costos totales, materiales con que se contribuye y su valor… etc.». Obviamente no queda debidamente aclarado quién abonará el costo mínimo que cuesta esta «documentación» que sólo puede ser realizada por profesionales.

 

El detalle pasa inadvertido. En la Argentina hay ideales y como dice José Ingenieros -que tal vez haya sido leído por los padres miembros de las cooperadoras- ellos por sí solos dan la templanza necesaria para las grandes acciones que ahora empiezan a chocar con el cúmulo de exigencias resueltas por la autoridad de aplicación, es decir la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional.

 

Formularios por cuadriplicado, disposiciones sobre contratistas, modelos de notas y contratos, diseño de carteles de obra, modelo de sellos y leyendas en los planos, cantidad y tamaño de las fotografías a tomarse, van transformándose poco a poco en la nueva «ley» de la arquitectura educacional, especialmente para los que confunden a «ley» con «cosas parecidas».

 

Vuelvo ahora al tema de los contratos. El 24 de Marzo de 1975 por expediente nro. 83.682/74 el Director de Arquitectura Educacional «aprueba el texto del contrato tipo entre las entidades intermedias y profesionales para la contratación del proyecto y/o dirección de obra».

 

Queda en claro que quién aparece como contratante es la entidad intermedia, es decir la cooperadora o cooperativa. Siendo el contrato de locación de obra consensual, informal y con consentimientos que pueden manifestarse aún en forma tácita, no puedo entender como se gasta un acto administrativo general en aprobar un contrato tipo -naturalmente obligatorio- en una abierta contradicción con las disposiciones del Código Civil que son una de las leyes supremas de la República (Art. 31 C .N.).

 

Hay otros detalles menos conocidos, pero no por ello menos jugosos. El artículo 12 de las normas anexas al decreto nro. 5633/67 establece que «Cuando las entidades, no sean personas jurídicas, los firmantes del convenio serán personalmente responsables de su cumplimiento».

 

Queda entendido? Si las cooperadoras escolares no tienen personería jurídica, responderán por los convenios el padre de José, el de Pedro y el de Juanita, que quitan horas de su trabajo y de su descanso para colaborar con el Colegio o con la escuelita donde sus hijos aprenden…

 

Pero por suerte quedan jueces en la República y esos jueces seguramente sienten vergüenza, cuando deben hacer justicia en caso como los analizados.

 

Por ello en 1982 resuelven que «No surge de la letra, ni del espíritu de las leyes 16.727 y 17.764 (Fondo Escolar Permanente) y asimismo del decreto 5633/67 que los reglamentó, ni de las normas anexas, complementarias y de interpretación, que al efecto se dictaron que el Estado Nacional fuera como se pretende un tercero , en las relaciones contractuales que se formalizaron, agregando que si bien es cierto que el acuerdo se formalizó entre la Asociación Cooperadora y el actor, no lo es menos que aquella obró gestionando intereses ajenos, recayendo el objeto del convenio sobre la mejora de un bien del dominio público, posibilitada por el aporte emanado de manera preponderante del Tesoro Nacional» (Schirato, Gino c/ Gobierno Nacional Ministerio de Cultura y Educación). (Fallo de la Corte Suprema de Justicia).

 

Siento tranquilidad por el fallo de la Corte , pero no puedo dejar de pensar en la actitud del Estado – o mejor dicho de sus representantes- que como se advierte, intentaron abandonar a su suerte a la cooperadora que los había ayudado en el cumplimiento de sus finalidades. Tal vez estos representantes no habían leído «El hombre mediocre» de Ingenieros… pero aún están a tiempo.

 

Siempre estamos a tiempo de corregir la barbarie o de utilizar el derecho para lo que verdaderamente fue creado es decir, permitirnos vivir en paz y en armonía frente a los demás.

 

El derecho, es por sobre todo respeto y es por ello que puede brindar un decidido apoyo a la arquitectura educacional, ya que en el fondo y aunque las apariencias engañen porque uno usa normas y palabras y la otra materiales y dibujos, son una misma cosa… educación.

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal

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