ENFRENTANDO AL CENTAURO

Diagnóstico y tratamiento para el decreto 1295/2002 de redeterminación de precios de contratos de obra pública

 

Por medio del decreto de necesidad y urgencia 1295/2002, el Gobierno nacional ha intentado encontrar la fórmula para crear la metodología de redeterminación de los precios de los contratos de obra pública.

 

Ello, sumado a la trascendental importancia que adquiere la cuestión, si tenemos en cuenta las deudas existentes con los contratistas, las más de 600 obras paralizadas y las pautas para proyectar el futuro, me llevan a analizar la normativa y a proponer un plan para defenderse de ella.

 

1) El decreto 1295/2002 puede equipararse al mítico «centauro».Materialmente , es decir en su contenido, es una ley. Formalmente es sólo un acto administrativo general, es decir, un reglamento.

 

2) Su contenido es groseramente inconstitucional, aún para los tiempos de emergencia económica, social, política y administrativa en los que estamos viviendo.

 

3) Viola el derecho de propiedad (art. 17 de la C.N .) entendida esta, como el conjunto de intereses que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad e integrada con todos los derechos que tengan un valor reconocido, ya sea que surjan de las relaciones de derecho privado o de actos administrativos. ( CSJN Bordieu c/ Municipalidad de la Capital , Fallos: 145:307).

A modo de ejemplo, podría señalarse que no existe ninguna razón que pueda explicar porque motivo un 10% del valor de un contrato de obra pública, que muchas veces es la ganancia esperada por una empresa, quede sin posibilidad de que su precio sea redeterminado como corresponde.

 

4) Excluye injusta e irrazonablemente los trabajos ejecutados y los contratos suscriptos en el período enero-junio de 2002, violando losprincipios de igualdad ante las cargas públicas (art. 16 de la C.N .), el principio de no discriminación (art. 16 de la C.N .) y el principio de razonabilidad (art. 28 de la C.N .).

 

5) Requiere, la intervención previa a la suscripción del acta de redeterminación de precios de la SIGEN , lo que en lo hechos, transforma al procedimiento de redeterminación en un castillo kafkiano de imposible recorrido, violando además, el propio régimen de control impuesto por ley 24.156.

 

6) Exige además, una renuncia automática a reclamos y acciones legítimos del contratista. Queda en claro, que aún efectuando la renuncia aludida, lo que de por sí significa un grave agravio para el derecho de propiedad, el futuro contractual seguirá siendo incierto.

 

7) El «centauro» que estamos analizando, no deja de ser un acto administrativo de alcance general que debe y puede ser impugnado. Esta impugnación puede realizarse en forma judicial de acuerdo a lo que señala el art. 24 de la ley 19.549, es decir:

a)Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos en el art.10 (silencio o ambigüedad de la administración).

b) Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas.

 

8) Sin embargo, la propia ley requiere con carácter previo el «reclamo» ante la autoridad que lo dictó. Este reclamo, no es otra cosa, a mi juicio, que el reclamo administrativo previo, legislado por el artículo 30 de la ley 19.549, que desde el 21 de noviembre de 2000 se encuentra sustituido por el art. 12 de la ley 25.344.

 

9) El decreto 1295/2002 vuelve a confundir mayores costos, imprevisión e indexación. Lamentablemente, este error tendrá que ser reparado algún día por los propios administradores del poder público o por la justicia.

 

10) En fallos ejemplares, por ejemplo: » Empresa Mate Larangeira Mendez S.A.», (Fallos 269:393) , nuestra Corte Suprema trazó claramente el limite existente entre emergencia y privación de la propiedad, violatoria de la C.N .

 

No debe quedar ninguna duda de que el Alto Tribunal volverá a defender, planteado el caso, la dignidad y los derechos de propiedad de los contratistas de obra pública en la República Argentina. Esto es al menos, lo que los hombres de bien estamos esperando.

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal

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