LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y LA CONSULTORÍA PREFERENCIAL

Me ocuparé en esta ocasión de una cuestión que suscita una fuerte polémica entre las entidades profesionales que nuclean a ingenieros, arquitectos y urbanistas con las universidades nacionales.

 

Esta polémica, que ha dado lugar a solicitadas ( La Nación 15/01/03 y Clarín 24/03/03) y hasta una editorial del diario La Nación ( 02/02/03 ), pone acento en la prestación de servicios profesionales por parte de las Universidades y en la misión de la Universidad y de las profesiones universitarias ( ver página 1 del diario CPAU Año 2 N° 1).

 

Adelanto que no emitiré juicio de valor sobre la bondad de la resolución adoptada, sino solamente sobre la validez jurídica del texto normativo sobre el que parece apoyarse la decisión gubernativa, que no es otro que el autodenominado decreto de necesidad y urgencia 2508/02 y sus normas conexas.

 

Al respecto corresponde tener en cuenta:

1) El decreto 2508/02 intenta presentarse como un decreto de necesidad y urgencia, amparado legalmente por facultades conferidas al Poder Ejecutivo Nacional en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. ( ver últimos 2 párrafos de sus considerandos).

 

2) El hecho de que un acto administrativo sea calificado constitucionalmente como decreto de necesidad y urgencia, no lo exime de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de cualquier acto administrativo de validez nacional ( Art. 7 de la ley 19.549).

 

3) El inc. 3 del art. 99 de la C.N. admite el dictado de decretos de necesidad y urgencia bajo la condición sustantiva de existir » circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la C.N para la sanción de leyes».

 

4) Según lo señala la doctrina constitucional más calificada, los requisitos formales de los decretos de necesidad y urgencia se exigen al momento de su dictado y con posterioridad a ello.

Se agrega que la determinación de dictar un decreto de necesidad y urgencia debe estar presidida de una consideración y debate en el seno del gabinete ( Gelli, María Angélica. Constitución Nacional Argentina. Comentada y Concordada. Pág. 611. Editorial La Ley.)

 

5) Después de la firma del decreto corresponde el examen y control del mismo al Poder Legislativo. Para ello, el Jefe de Gabinete, personalmente y dentro de los 10 días de dictado el decreto, debe someter la medida a consideración de la comisión bicameral. Esta debe elevar su despacho en un plazo de 10 días a cada Cámara para su tratamiento. ( Art. 99 inc. 3 C.N. 4° párrafo). El incumplimiento de los plazos constitucionalmente establecidos, si él que incumple es el Jefe de Gabinete de Ministros, produce la caducidad del decreto. ( op.cit. Pág. 613 ).( Ver asimismo Art. 80 de la Constitución Nacional ).

6) Con lo expresado y la actitud asumida por el Congreso y el Jefe de Gabinete a partir del 5 de diciembre de 2002 queda demostrado que el decreto en cuestión 2508/02, ha caducado por vencimiento de los plazos e incumplimiento de las normas constitucionales que le daban sustento.

 

Ahora bien, decíamos al comenzar este análisis, que los decretos de necesidad y urgencia no dejan de ser actos administrativos, que como tales deben cumplir con los requisitos esenciales previstos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.

 

En este sentido corresponde afirmar:

1) El decreto 2508/02 padece de vicio de falta de causa . ( Art. 7 inc. b de la ley 19.549), por cuanto no se sustenta en el derecho aplicable ( Art. 99 inc. 3 de la C.N.), que sólo permitía su dictado: «cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes».

 

2) Padece de vicio de falta de motivación . (Art. 7 inc. e de la ley 19.549), por cuanto no ha expresado en sus considerandos y en forma concreta, las razones que indujeron a emitir el acto. La simple mención de razones de necesidad y urgencia «no son suficientes legalmente para fundar un decreto y mucho menos un decreto de necesidad y urgencia, de características constitucionalmente excepcionales».

 

3) El decreto 2508/02 también padece de vicio de falsa causa . Al respecto cabe señalar que uno de sus fundamentos (3° párrafo de los considerandos) y una de sus resoluciones (Art. 1 del decreto) hacen referencia al apartado 8 inc. d del Art. 25 del decreto 1023/2001, que contemplaba la contratación directa entre reparticiones públicas.

No obstante ello y a posteriori se dicta el 20/03/03 el decreto 666/2003, que suprime el apartado 8 del inc. d del Art. 25 del decreto referenciado.

 

4) Según los fundamentos de este nuevo decreto 666/2003 ( párrafos 20/21), «queda suprimida la contratación directa entre reparticiones públicas porque puede dar lugar a la perpetuación de monopolios estatales ineficientes y costosos, siendo contrario al principio de transparencia que debe primar en las contrataciones de la Administración Pública Nacional».Esto demuestra cual es la actual voluntad y pensamiento de quienes ejercen la función administrativa, que como se entiende es diametralmente opuesto a lo normado por el decreto 2508/02.

 

5) No abundaremos en detalles sobre los vicios de procedimientos previos, «en nuestro caso exigidos por la Constitución Nacional», que fueron incumplidos por la Administración en contra de lo preceptuado por el Art. 7 inc. d de la Ley de Procedimientos Administrativos.

 

 

CONCLUSIONES

Me unen a los Consejos y Sociedades Profesionales lazos de afecto, trabajo y respeto.

 

Me unen a las Universidades Nacionales además, mi propio titulo, mis habituales conferencias en sus sedes y hasta el cargo de Profesor Titular Honorario en Arquitectura e Ingeniería Legal ( U.N.La. R).

Por todo ello, sumado al análisis efectuado, que es un juicio de validez legal y no de valoración social o política, opino:

1) El decreto 2508/02 es un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta e insanable ( Art. 14 inc. b ley 19.549 ). La ley lo considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa ( Art. 17 de la citada ley).

 

2) Aún en el supuesto improbable de que se lo considerara acto administrativo válido, jamás podría ser considerado como decreto de necesidad y urgencia, por violación de las normas constitucionales que exigen un fundamento, una causa y un procedimiento que fueron incumplidos ( Art. 99 inc. 3 de la C.N.), lo que como ya se explicó ocasionó cuanto menos la caducidad del mismo.

Por Daniel Enrique Butlow

Abogado y Profesor titular honorario de arquitectura e ingeniería legal

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